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El Senado debate un nuevo paquete de pliegos judiciales incluido el fiscal federal de Gualeguaychú

El Senado de la Nación comenzó el análisis de 65 pliegos judiciales para cubrir vacantes. La nómina oficial incluye la postulación de Pedro Mariano Rebollo para la Fiscalía Federal de Gualeguaychú.

Por Redacción

Lunes, 08 de junio de 2026 a las 12:42

El Senado de la Nación inició formalmente el tratamiento de un segundo agrupamiento de pliegos judiciales remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional. El procedimiento, coordinado en el ámbito parlamentario por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, contempla una planificación orientada a avanzar en la cobertura de aproximadamente 200 vacantes sobre un total estimado de 300 puestos disponibles en el sistema judicial de todo el país. Dentro de la nómina bajo análisis se encuentra la postulación del doctor Pedro Mariano Rebollo para desempeñarse como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.

Esta nueva etapa parlamentaria se reactiva tras la reciente aprobación de un tramo previo de designaciones en la Cámara alta, que concluyó con la convalidación de 67 cargos judiciales. Aquella votación inicial estuvo marcada por el debate en torno a la candidatura de Verónica Michelli para el Tribunal Oral N° 3 de La Plata, y dejó aprobados los nombramientos de Emilio Rosatti —hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia— y de Ana María Juan —esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi—.

Audiencias en la Comisión de Acuerdos y distribución de postulantes

Los expedientes correspondientes a los 65 aspirantes —entre jueces, camaristas, fiscales, defensores y conjueces— ingresaron originalmente al cuerpo legislativo el pasado 14 de mayo. El cronograma de entrevistas presenciales comenzó a ejecutarse en la Comisión de Acuerdos, órgano presidido por el senador riojano Juan Carlos Pagotto.

Para la primera jornada de exposiciones se dispuso la convocatoria de siete profesionales. El doctor Leopoldo Jorge Rago Gallo, propuesto para extender por cinco años su ejercicio en el Juzgado Federal de Primera Instancia N.° 2 de San Juan tras alcanzar el límite de 75 años de edad, constituye el único representante de jurisdicciones del interior citado para el día de inicio. El resto de las comparecencias programadas corresponde a vacantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, abarcando a los doctores Víctor Arturo Pesino (Sala VIII), María Claudia Jueguen (Sala X), Marina Edith Pisacco (Sala VI), Diego Javier Tula (Sala II), Diego Fernando Manauta (Sala V) y Claudio Fabián Loguarro.

La concentración inicial de audiencias en la Capital Federal ha motivado observaciones por parte de diversos legisladores de bloques dialoguistas, quienes plantean la necesidad de acelerar la normalización de los tribunales ubicados en las provincias.

Desglose geográfico de las vacantes propuestas

La composición del listado completo de los 65 pliegos judiciales bajo análisis en esta segunda fase expone la siguiente distribución por distritos:

  • Capital Federal: 39 designaciones.

  • Provincia de Buenos Aires: 3 designaciones.

  • Chaco: 2 designaciones.

  • Córdoba: 6 cargos de conjueces.

  • Corrientes: 2 designaciones.

  • Tucumán: 2 designaciones.

  • Provincias con un cargo asignado: Catamarca, Chubut, Mendoza, Entre Ríos (Fiscalía Federal de Gualeguaychú), Formosa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Santiago del Estero.

Entre los magistrados citados para defender su continuidad se destaca el caso de Víctor Arturo Pesino, cuyo voto previo se fundó a favor de la validez de la Ley de Modernización Laboral.

Expedientes demorados en el recinto

En forma paralela al inicio de este nuevo esquema de audiencias, el Senado mantiene en comisión tres pliegos pertenecientes al primer grupo enviado por el Ejecutivo, debido a que no alcanzaron el número mínimo de firmas necesarias para obtener dictamen de mayoría.

Los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway cuentan hasta el momento con 8 firmas cada uno en la comisión, requiriendo una adhesión adicional para habilitar su tratamiento en el recinto. Por su parte, la propuesta referida a Juan Manuel Mejuto reúne 3 firmas de los integrantes del cuerpo legislativo.