La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley que crea el denominado Súper RIGI (Registro de Incentivo a las Grandes Inversiones ampliado). La iniciativa del Poder Ejecutivo fue aprobada con 130 votos a favor, sólo uno más de que la mayoría del recinto. Hubo 107 en contra y 7 abstenciones. Los diputados entrerrianos que responden al gobernador Rogelio Frigerio apoyaron la inciativa que reduce impuestos a las grandes empresas extranjeras.
El oficialismo logró respaldo de la UCR, el PRO y los representantes de los partidos provinciales de gobiernos aliados a la Casa Rosada, como los de Entre Ríos, San Juan, San Luis, Misiones, Salta, Catamarca y Tucumán. Por el contrario, LLA no obtuvo la ayuda del bloque Provincias Unidas, que tampoco aportó con el cuórum y casi bloquea la sesión. Algunos se abstuvieron y otros se fueron al momento de votar. El resto votó en contra, junto a Unión por la Patria, la Coalición Cívica y la Izquierda. Según explicaron cronistas parlamentarios, la sesión casi no comienza y el Gobierno necesitó retrasar la renuncia del designado vocero presidencial, Adrián Ravier, para empezar la sesión. Tardaron en entrar los miembros de Innovación Federal (San Luis y Misiones) y algunos recién ingresaron cuando la sesión estaba empezada.
En el Senado, la relación de fuerzas es otra y LLA puede llegar a una mayoría con los aliados que en Diputados trabajaron para que haya ley. Un caso fue Catamarca. Su gobernador, Raúl Jalil, aportó dos diputados (Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot) para el cuórum, pero se abstuvieron en la votación, molestos porque pedían más beneficios a los proveedores locales.
Las claves de un régimen a la medida de las corporaciones extranjeras
El RIGI es el Registro de Incentivo a las Grandes Inversiones, que fue aprobado junto a la ley Bases. Javier Milei impulsa una versión ampliada con más beneficios, que si avanza esta propuesta estará vigente cinco años. A diferencia de la versión original, las adjudicaciones pueden ser para rubros diversos. Sólo se solicita que sean "genuinamente nuevas", una definición amplia que para la oposición se presta a cierta discrecionalidad.
La mira está puesta en las empresas de inteligencia artificial, sobre todo tras la radicación en el país del empresario Peter Thiel, CEO de Palantir. Durante el debate en comisión, Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, tuvo que aclarar que no conoce al empresario. La oposición no se quedó conforme. "El proyecto no dice de donde se va a garantizar la energía, pero sí que no se puede interrumpir. La vamos a pagar nosotros", advirtió Agustín Rossi (Unión por la Patria). "Si los países no tienen trabajo se van a otros países. Eso queremos evitar", respondió Gabriel Bornoroni, jefe de La Libertad Avanza.
Exenciones impositivas y flexibilidad absoluta
La única obligación de los empresarios que ingresen en el sistema es desembolsar u$s 1000 millones en total y un 20% de ese monto durante los primeros dos años. Habrá cinco años para ingresar las adjudicaciones y las ventajas estarán vigentes durante tres décadas. Los empresarios que accedan al Vehículo de Proyecto Única (VPU) tendrán la reducción del impuesto a las Ganancias: bajará de 35 al 15%. El RIGI actual, que vence en un mes, fija esta alícuota en 25%. Cualquier controversia se resolverá en jurisdicción extranjera.
Un aspecto polémico es la baja de cargas patronales, con rebajas del 10% para los nuevos empleos. En los valores actuales, una industria paga el 18% de seguridad social y el 6% de obra social. Este cambio fue una de las principales objeciones del peronismo, que alertó sobre el desfinanciamiento del sistema previsional. Otras ventajas incluidas son la amortización acelerada de inversiones, para descargar los balances de la nueva empresa y el costo de los desembolsos a gran velocidad. Se baja a la mitad el pago del impuesto a giro de dividendos (de 7% a 3,5%), mientras que el IVA (21%) sólo se abonará mediante Certificados de Crédito Fiscal electrónicos emitidos por el Estado.
Las provincias pueden adherirse, pero deben reducir la carga impositiva local, con bajas de Ingresos brutos, sellos y tasas locales. En un cambio a último momento, se les prohibió a las provincias aplicar nuevas regalías y aumentar los cánones. El proyecto tuvo modificaciones en comisión. Una fue que el 20% del monto destinado a los proveedores deba corresponder a contratistas locales. Por otra parte, los desembolsos realizados en Investigación y Desarrollo (I+D) se computarán por el doble de su valor. Estos cambios le alcanzaron al oficialismo para sumar aliados. “¿Quién puede estar en contra de esto? Son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica. Cuatro conceptos que los países civilizados ya tienen incorporado y, por eso, les va como les va”, celebró Bertie Benegas Lynch, de La Libertad Avanza.
El peronismo fue representado en el inicio de la sesión por Mario Manrique, quien proviene de Smata y tuvo fuertes cruces con el oficialismo. “Cuando habla de la palita en el campo, no sabe de qué habla. Terminen con ese chamuyo de que la Argentina está fuera del contexto internacional”, le dijo a Benegas Lynch y se molestó cuando lo vio gesticular. "Si querés, lo discutimos afuera", lo desafío.
Cruces por las asimetrías y la pérdida de soberanía
El diputado Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, advirtió sobre la posible concentración de rubros favorecidos: "En sectores de capital intensivo sin compensación alguna para los sectores de trabajo intensivo. No hay ninguna mirada a los sectores de comercio, industriales, no incentiva la construcción, fundamentalmente en esos sectores que están sufriendo este modelo económico. No hay ningún tipo de mirada ni compensación”, reprochó.
Juan Schiaretti, el exgobernador de Córdoba y diputado de Provincias Unidas, encabezó el rechazo de su bloque al Súper-RIGI: "Sólo beneficia a grandes corporaciones en detrimento de otras actividades productivas que siguen soportando impuestos injustos", dijo en la sesión. La sesión se interrumpió ante el ingreso del diputado Martín Lousteau (Provincias Unidas), quien venía del velatorio de su padre, Guillermo Lousteau Heguy, fallecido a los 91 años. Luego criticó el esquema propuesto: "Este es un régimen inédito, el más generoso de todos, con renuncia de soberanía, con pérdida fiscal monumental, pero no sabemos quiénes vendrán. Esta es la diferencia con el RIGI, que fue para ocho sectores, se sabía cuáles. No sabemos con quién comparar”, acusó Lousteau. El oficialismo tuvo pocas voces, para no alargar la sesión. Una fue la de Luis Petri: “Este proyecto no penaliza la inversión, el capital. Viene a retomar el sendero de crecimiento”, destacó.
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La experiencia del RIGI: sus principales problemas
Un estudio de la Fundación Fund.ar analizó el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y reveló una marcada distancia entre las promesas oficiales y el ingreso real de divisas al circuito económico. Según el documento, el Gobierno anunció inversiones por USD 124.000 millones bajo el RIGI. A la fecha, se hicieron efectivos sólo USD 762 millones. La brecha se explica por un diseño que exige desembolsos iniciales mínimos (apenas USD 80 millones en los primeros dos años, el 40% del mínimo de USD 200 millones) y deja el resto al plazo que fije la empresa. Hasta ahora, el RIGI atrajo anuncios de dólares, no dólares. Declaraciones de amor, no amor verdadero.
El 90% de la inversión corresponde a petróleo y gas (50%) y minería (40%). En varios casos —litio, upstream de Vaca Muerta— las inversiones estaban anunciadas y eran rentables antes del régimen. El RIGI original excluyó deliberadamente el upstream petrolero: el propio Gobierno reconocía que Vaca Muerta no lo necesitaba. En febrero de 2026, sin embargo, se amplió el régimen para incluirlo. La decisión no fue acompañada de ningún análisis de impacto, lo que en la práctica equivale a resignar ingresos fiscales sobre una expansión que ya estaba en marcha.
El Súper RIGI profundiza la lógica del RIGI
Las concesiones tributarias son incluso más extraordinarias:
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El impuesto a las Ganancias baja del 35% del régimen general al 15% (en el RIGI era 25%).
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Las retenciones a exportaciones son cero desde el día uno (en el RIGI, desde el año tres).
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Los derechos de importación se eliminan para todos los bienes vinculados al proyecto (en el RIGI, solo bienes de capital y partes).
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Las contribuciones patronales bajan del ~24% general al 10% para nuevos empleos (beneficio que el RIGI no incluía).
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Los dividendos tributan 3,5% a partir del cuarto año (en el RIGI, al séptimo; en el régimen general, 7%).
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La amortización acelerada permite descontar el 60% de la inversión en el primer año, cuando el régimen general distribuye la deducción a lo largo de la vida útil del bien (5 a 10 años) y el RIGI la permitía en 2 cuotas anuales.
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Se impone un tope del 0,5% a Ingresos Brutos para las provincias que adhieran.
A las concesiones tributarias se suman las cambiarias. En materia de exportaciones, el Súper RIGI elimina progresivamente la obligación de liquidar divisas: 20% de libre disponibilidad el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero (en el RIGI el esquema es más lento: 100% recién al cuarto año). Por el lado de los ingresos de capital y deuda externa, en el RIGI deben liquidarse en el mercado oficial, con excepciones limitadas. El Súper RIGI, en cambio, elimina esa obligación por completo desde el día uno. Combinados, estos beneficios implican que la inversión puede operar en territorio argentino —usando suelo, energía y agua— sin volcar prácticamente ningún dólar en la economía.
El régimen crea, por 30 años, dos Argentinas regulatorias, una para quienes entran al Súper RIGI y otra para el resto del tejido productivo. De hecho, la propia UIA reclamó beneficios equivalentes para la industria instalada, señalando que el artículo 4° del proyecto excluye explícitamente las ampliaciones de plantas existentes. La clientela de beneficiarios de este régimen de emergencia tendrá en el futuro fuertes incentivos para hacer lobby con el objetivo de extender y ampliar el régimen, aún en condiciones de mayor normalización de la economía argentina. Existe también el riesgo de que el Súper RIGI induzca al sector privado a demorar inversiones que haría de todas formas, condicionándolas a su inclusión en el régimen.
La Ley 27.742 exige un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales con un compromiso mínimo del 20% de contratación local en bienes y obras, tanto en la etapa de construcción como en la de operación. El requisito ya era débil, excluye servicios (mantenimiento, logística, seguridad) y, como advirtieron las cámaras industriales, podría cumplirse solo con obra civil básica como movimiento de suelos. El Súper RIGI lo elimina directamente. Solo pide informar la «integración local». Peor aún, el artículo 55 prohíbe al Estado obligar al inversor a comprar insumos nacionales cuando haya una alternativa importada más barata. El Estado se ata las manos para generar encadenamientos, incluso mientras otorga beneficios extraordinarios.
En conclusión, con todas las concesiones tributarias y cambiarias, la recaudación efectiva puede ser mínima y los dólares generados pueden no ingresar al mercado local. El resultado posible es una inversión que no deje impuestos, no aporte divisas y tampoco genere proveedores. Porque este paquete de beneficios se entrega sin contrapartidas productivas de ningún tipo.