En un escenario de creciente descontento por la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos frente al costo de vida, la negociación de la paritaria estatal en Entre Ríos concluyó sin consenso. Ante la falta de acuerdo con las representaciones gremiales, el Poder Ejecutivo provincial tomó la decisión unilateral de avanzar con la liquidación por decreto de la mejora propuesta para el mes en curso, consolidando un esquema de recomposición que los sindicatos consideran absolutamente insuficiente para hacer frente a la crisis.
El ofrecimiento global de la Casa Gris consistía en un incremento del 7% distribuido en dos tramos: un 3% aplicable a los haberes correspondientes al mes de julio y un 4% adicional para los salarios de septiembre, utilizando en ambos casos como base de cálculo el mes inmediatamente anterior. Las conducciones de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazaron de plano los términos, argumentando que la propuesta profundiza el retraso de los haberes de los empleados públicos.
La justificación oficial ante la imposición del decreto
Tras confirmarse la falta de firmas en el acta paritaria, las autoridades provinciales apresuraron la vía del decreto para liquidar el porcentaje correspondiente a julio con el objetivo de aplicarlo en el cronograma de pagos que se inicia esta misma semana, tomando como nueva base de cálculo los haberes de junio de 2026.
El representante paritario del Gobierno provincial, Ricardo Vales, defendió la medida argumentando las limitaciones financieras del Estado entrerriano:
"La decisión busca garantizar que el aumento impacte rápidamente en el bolsillo de los trabajadores".
Asimismo, el funcionario justificó el alcance de la oferta al señalar que "el gobierno está haciendo el mayor esfuerzo posible dentro de una administración responsable de los recursos y atendiendo muchas de las demandas planteadas por las organizaciones sindicales".
Pese a la resolución unilateral que debilita el ámbito de la negociación colectiva, desde el Ejecutivo insistieron en que este decreto no implica una ruptura definitiva de los canales institucionales. Con el inicio del pago de sueldos programado para este jueves, las autoridades intentaron bajar los decibeles de la confrontación gremial.
"Más allá de no haber alcanzado un acuerdo con los gremios estatales, esta gestión va a continuar trabajando con la mejor predisposición para el diálogo. Vamos a seguir dialogando. Con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir", remarcó Vales.
Un escenario de conflicto generalizado que compromete los servicios esenciales
La imposición de la suba salarial por decreto en la administración pública centralizada no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un marco de extendida disconformidad gremial en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos. La persistente escasez de las ofertas salariales oficiales ya detonó el rechazo de la paritaria docente por parte de AGMER y los demás sindicatos del sector educativo, abriendo un frente de tormenta que pone en severo riesgo el normal desarrollo de las actividades tras el receso invernal.
El descontento de los trabajadores estatales refleja la urgencia de discutir paritarias que no queden desfasadas ante la devaluación y la escalada de precios de la canasta básica. Para los sindicatos, el recurso del decreto gubernamental debilita el poder de negociación de las organizaciones de trabajadores e intenta clausurar de forma provisoria una discusión salarial que, en el actual contexto de ajuste sobre las provincias, permanece completamente abierta y con la amenaza latente de medidas de fuerza en las dependencias públicas.