Un nuevo avance del programa de desregulación que promueve el Gobierno nacional apunta directamente contra las condiciones de vida de los sectores populares que carecen de acceso a los servicios básicos. A través de un anteproyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Poder Ejecutivo busca liberalizar de manera absoluta el mercado del gas envasado, una iniciativa que contempla la eliminación de los subsidios directos y el fin del programa conocido como garrafa social.
La propuesta oficial pretende derogar de forma integral la Ley N° 26.020, quitándole al Estado nacional la potestad histórica de fijar precios de referencia, establecer cupos de distribución y sostener la declaración del suministro como un servicio público esencial. La medida forma parte de un paquete de reformas estructurales orientadas a retirar la intervención estatal de los resortes clave de la economía.
Gas licuado: desaparece la regulación económica y el control del Estado
El anteproyecto elaborado por el Gabinete nacional crea un nuevo marco normativo para el Gas Licuado de Petróleo (GLP) que restringe el accionar público únicamente a la supervisión de protocolos de seguridad. Si bien la autoridad de aplicación conservará facultades de fiscalización técnica, el texto prohíbe de manera expresa la capacidad de regular:
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Precios finales al consumidor.
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Cantidades y cuotas de mercado.
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Volúmenes comercializados en las provincias.
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Márgenes de rentabilidad de las empresas del sector.
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Condiciones comerciales de distribución.
El esquema propuesto culmina con la derogación completa de la Ley 26.020 —el pilar regulatorio que garantizaba el abastecimiento federal— y del artículo 74 de la Ley 24.076, dejando sin efecto la protección jurídica de las familias que no tienen acceso a la red de gas natural.
Desregulación de precios y severo impacto en el bolsillo popular
Sin la existencia de valores máximos de referencia ni controles estatales, el costo de la garrafa quedará librado a las reglas de la oferta y la demanda del mercado financiero y corporativo. De este modo, las empresas fraccionadoras y distribuidoras privadas tendrán vía libre para fijar los precios de venta según sus propios criterios comerciales.
Esta desregulación de precios agrava de manera inmediata el escenario socioeconómico de los hogares de menores recursos en las barriadas y pueblos del interior, donde el uso de garrafas representa la única alternativa para cocinar y calefaccionarse. Las familias más postergadas ya venían absorbiendo fuertes incrementos en los puntos de venta minoristas, por lo que la quita de los resguardos normativos profundiza la brecha de desigualdad en el acceso a los recursos energéticos.
Recorte de beneficios y restricción a la Zona Fría
El avance sobre la garrafa de gas no se da de manera aislada, sino que se acopla a un conjunto de medidas tendientes a recortar las coberturas sociales en materia tarifaria. La iniciativa oficial confluirá con la restricción de los descuentos en los consumos por Zona Fría a nivel nacional.
La intención del Ejecutivo es acotar la compensación tarifaria únicamente a regiones con climas de extremo rigor bioclimático (como la Patagonia y la Puna) y a hogares categorizados bajo situación de extrema indigencia. Este recorte de beneficios genera una profunda preocupación en provincias donde amplias franjas de la población quedan expuestas a incrementos impagables durante los meses de mayor consumo, configurando un escenario de vulneración de derechos básicos en el acceso a los servicios públicos.