La parálisis del transporte ferroviario en el área metropolitana de la capital provincial sumó un reclamo institucional formal ante el silencio de las autoridades. A dos meses y medio de la abrupta interrupción del servicio que conecta Paraná, Colonia Avellaneda y La Picada, la Defensoría del Pueblo de Paraná formalizó un pedido de acceso a la información pública dirigido al Gobierno de Entre Ríos para exigir precisiones sobre los motivos de la parálisis, las gestiones realizadas y los plazos concretos para la reactivación de la formación.
El tren permanece sin circular desde el pasado 8 de mayo, dejando sin una alternativa económica y eficiente de movilidad a cientos de trabajadores, familias y estudiantes que dependen diariamente de esta vía de conectividad.
Reclamos de trabajadores, estudiantes y familias ante la falta de transporte
La presentación administrativa del organismo de control surgió a partir de la multiplicación de quejas recibidas en sus oficinas por parte de los usuarios afectados.
Al respecto, el defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, detalló el origen de la actuación institucional:
"La motivación ha sido las consultas y los reclamos de vecinos que viajaban diariamente en el tren por cuestiones laborales, estudiantes que lo utilizaban para concurrir a la escuela y familias que tenían resuelto el transporte con este servicio".
Frente a la vulneración del derecho a la movilidad de la comunidad, el organismo activó las herramientas legales disponibles.
"Solicitamos que nos informen cuál es la situación, qué gestiones se hicieron desde la Provincia, cuál es el plan de acción y si existe una fecha prevista para restablecer el transporte ferroviario", explicó Amavet.
Silencio oficial y la insuficiencia de la extensión de la línea 22
A pesar de que el reclamo formal fue presentado el 14 de julio, las áreas gubernamentales correspondientes aún no emitieron una contestación formal sobre las razones del cese de las frecuencias.
"Todavía no hemos tenido respuesta, pero entendemos que la vamos a tener", expresó el defensor.
Por otra parte, al evaluar la resolución provisoria implementada por las autoridades de transporte —consistente en extender el recorrido de la línea 22 de colectivos hasta la Escuela Almafuerte—, Amavet dejó en claro que la medida resulta insuficiente para cubrir las necesidades reales de los vecinos.
"Entiendo que es un paliativo, una medida coyuntural. Lo que realmente la gente necesita es que vuelva el tren, porque es un medio de transporte muy utilizado", sostuvo.
El impacto del ajuste y el desfinanciamiento en los servicios públicos
La parálisis del tren metropolitano se enmarca en un escenario generalizado de retracción de los aportes estatales para sostener la infraestructura y las prestaciones esenciales que utiliza la población.
Sobre el trasfondo de esta problemática y las consecuencias directas del recorte de partidas, Lisandro Amavet remarcó: "Cuando los servicios públicos se desfinancian, la gente termina pagando más dinero de su bolsillo, recibe servicios de peor calidad o directamente estos desaparecen, como ocurre hoy con el transporte ferroviario".