La comunidad educativa de las facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) con sede en Oro Verde trasladó ayer su reclamo a la calle. En el marco de una semana de paro nacional, docentes, no docentes y estudiantes realizaron una «semaforeada» sobre la Ruta Provincial 11, seguida de una asamblea abierta, para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida busca visibilizar una situación que definen como crítica y que trasciende lo salarial. Según los referentes académicos, la falta de actualización presupuestaria —pese a contar con la aprobación del Congreso y un fallo judicial a favor— está paralizando los pilares fundamentales de la universidad pública: la investigación, la extensión y el sistema de becas estudiantiles.
Un sistema científico-tecnológico en riesgo
El decano de la Facultad de Ingeniería de la UNER, Diego Campana, fue contundente al señalar que el cumplimiento de la ley no debería ser una opción para el Ejecutivo. «Es súper necesario para que el sistema universitario científico-tecnológico comience a funcionar con normalidad», afirmó.
La crisis actual impacta en:
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Proyectos de investigación: Muchos se encuentran frenados por falta de insumos y financiamiento básico.
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Sistema de becas: Atraviesa una situación terminal, poniendo en riesgo la permanencia de los estudiantes en las aulas.
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Vinculación productiva: Se debilita el servicio que la universidad presta al medio socioproductivo de la región.
Fuga de cerebros y renuncias docentes
Uno de los puntos más alarmantes mencionados durante la jornada fue el goteo constante de profesionales. Campana advirtió sobre la existencia de numerosas renuncias dentro del cuerpo docente y la pérdida de motivación en jóvenes profesionales que optan por abandonar la carrera académica ante la precariedad económica. «Esto implica que el problema no solo es actual, sino que se proyectará en los próximos años», sentenció.
Por su parte, el docente Fernando Sassetti recordó que el presupuesto ya fue ratificado en dos instancias legislativas y que existe una orden judicial para su aplicación que permitiría recomponer los salarios. La actividad en el acceso a Oro Verde forma parte de un plan de lucha federal que promete intensificarse si no hay una respuesta concreta del Ministerio de Capital Humano sobre las partidas adeudadas.