Lo que comenzó como una controversia en redes sociales escaló al plano criminal. El juzgado federal de Daniel Rafecas abrió la primera causa penal para investigar la legalidad de los créditos hipotecarios millonarios otorgados por el Banco Nación (BNA) a una lista de funcionarios públicos libertarios, legisladores oficialistas y allegados al poder. La denuncia, sorteada en los tribunales de Comodoro Py, pone bajo la lupa la transparencia de estas operaciones y busca determinar si existieron tratos preferenciales o tráfico de influencias.
El caso que mayor impacto generó es el de Federico Sharif Menem, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Con solo 24 años y un sueldo declarado de aproximadamente $2 millones como secretario privado, el joven accedió a un crédito de $357 millones en el Banco Nación. Especialistas señalan que el monto es desproporcionado respecto a su capacidad crediticia y edad, lo que alimenta las sospechas de una gestión «a dedo» desde la cúpula de la entidad.
Si bien el foco inicial estuvo en el oficialismo tras el polémico crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la investigación revela que el acceso a financiamiento estatal de alto valor es una práctica que cruza distintas fuerzas políticas aliadas al gobierno. La nómina de los «50 beneficiarios» incluye nombres de La Libertad Avanza (LLA), el radicalismo y gobernadores «dialoguistas».
Los funcionarios libertarios que recibieron los créditos
Entre los señalados aparecen Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Luis Caputo, con una deuda de $373 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con $367 millones; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con $510 millones. La nómina también incluye a Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, el diputado Santiago Santurio, el director de la secretaría privada en Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero.
Además, figuran como beneficiarios Emiliano José Mongilardi, director de YPF, y los diputados de LLA Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero, y Lorena Villaverde.
Descargos y contradicciones ideológicas
La difusión de estos datos obligó a varios legisladores a realizar descargos públicos. Diputados como Bongiovanni ($255 millones) y el propio Campero argumentaron que los trámites se iniciaron antes de su incorporación formal a las filas de La Libertad Avanza, aunque para ese entonces ya funcionaban como aliados legislativos del espacio.
La controversia no es solo legal, sino ética: muchos de los beneficiarios sostienen un discurso de «ajuste a la casta» y promueven la privatización del Banco Nación, mientras utilizan su estructura para obtener préstamos que hoy resultan inalcanzables para el ciudadano promedio debido a las estrictas exigencias de relación cuota-ingreso.
La sombra de Adorni y la ampliación de denuncias
El origen de este «escrutinio severo» fue la compra de un departamento en el barrio de Caballito por parte de Manuel Adorni, un hecho que motivó denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia ahora busca determinar si el Banco Nación, bajo la presidencia de Daniel Tillard, se convirtió en una herramienta de otorgamiento de favores políticos disfrazados de créditos hipotecarios.
La investigación de Rafecas deberá peritar las carpetas crediticias de cada involucrado para verificar si se cumplieron los requisitos técnicos o si, como denuncian los impulsores de la causa, se utilizaron criterios de excepción para favorecer a la «clase política» en detrimento del patrimonio público.