La pulseada por la Modernización Laboral, contenida en la Ley 27.802, se ha trasladado este lunes a los despachos judiciales con una presentación de alto impacto por parte de la CGT. La central obrera recusó formalmente a los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Víctor Arturo Pesino y María Dora González, solicitando además la nulidad absoluta de la sentencia dictada el pasado 23 de abril que restableció la vigencia de 83 artículos de la reforma.
El eje del conflicto radica en el cambio de carácter del recurso de apelación, ya que la Cámara otorgó un efecto suspensivo al reclamo del Gobierno, lo que significó el levantamiento inmediato de la medida cautelar que mantenía frenada la ley. Para la central sindical, este movimiento procesal deja a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad extrema y cercena derechos adquiridos de protección constitucional.
Bajo sospecha: El beneficio al juez Pesino y la ética republicana
El punto más álgido del escrito presentado por el abogado Pablo Topet es la recusación por parcialidad contra el magistrado Víctor Pesino. La organización vincula cronológicamente la sentencia a favor del Estado con un trámite del Poder Ejecutivo para extender la permanencia de Pesino en su cargo por cinco años más, tras haber cumplido los 75 años. Esta situación es calificada por la central obrera como una conducta contraria a la ética y un beneficio mayúsculo que vicia de parcialidad la sentencia, especialmente al publicarse la propuesta oficial en el Boletín Oficial apenas un día después del fallo.
Asimismo, el escrito resalta una contradicción institucional, ya que el Gobierno promueve esta prórroga a pesar del Acuerdo de Transferencia Judicial a la CABA, donde se había comprometido a no realizar nuevas designaciones ni prórrogas en el fuero laboral nacional.
Argumentos por la nulidad: Incompetencia y prejuicio
Más allá de la figura individual de los jueces, el planteo sostiene que la Sala VIII incurrió en una ausencia total de competencia funcional. Según el argumento legal, la Sala I ya había prevenido en causas acumuladas anteriormente, por lo que la intervención de la Sala VIII se habría dado de forma irregular y con una rapidez inusual que obstaculizó el derecho de defensa de la organización gremial.
En la misma línea, se recusó a la jueza María Dora González por prejuzgamiento, al considerar que los magistrados adelantaron una opinión errónea sobre la falta de vulnerabilidad de los trabajadores bajo relación de dependencia. El sindicato tilda de arbitraria la decisión de desconocer la naturaleza alimentaria de los derechos laborales en el marco de la Ley de medidas cautelares contra el Estado, ignorando precedentes de la misma sala.
El camino hacia la Corte Suprema y la OIT
Como medida subsidiaria, la representación legal interpuso un recurso de reposición in extremis, advirtiendo que la aplicación inmediata de la reforma laboral genera un daño irreparable en la negociación colectiva y la libertad sindical. El escenario futuro plantea ahora dos frentes claros de batalla jurídica. Por un lado, se mantiene la reserva del Caso Federal para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la lesión de garantías constitucionales y el debido proceso.
Por otro lado, existe la advertencia firme de que, en caso de no obtener una respuesta favorable en la justicia doméstica, el reclamo será elevado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales de derechos humanos. Mientras tanto, el frente sindical se endurece para evitar que la reforma laboral de la Casa Rosada se consolide en los hechos antes de una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.