La situación patrimonial de Manuel Adorni suma un nuevo componente que trasciende la mera curiosidad administrativa. Adriana Mónica Nechevenko de Schuster, la escribana de confianza del Jefe de Gabinete, ha sido citada por el fiscal Gerardo Pollicita para explicar las irregularidades en la compra de un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cuá. Sin embargo, según publicó Clarín, este no es el primer contacto de la profesional con los pasillos de Comodoro Py, donde ya cuenta con antecedentes por haber prestado servicios a estructuras criminales.
Antecedentes: Certificaciones para el narcotráfico
El informe del diario Clarín señala que hace 12 años, Nechevenko debió dar explicaciones en un megajuicio contra una banda dedicada al tráfico de efedrina, la sustancia base para la elaboración de metanfetaminas. Según documentos judiciales de la causa investigada por el fiscal Diego Luciani, la escribana fue la encargada de certificar las firmas de sociedades «fantasma» que importaron casi 10 toneladas de la droga en apenas 10 meses. Durante aquel proceso, la profesional admitió haber trabajado durante años para Alfredo Abraham, quien recibió una condena de 11 años de prisión, y para Josué Fuks, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
La labor de la escribana fue fundamental para la validación de testaferros, ya que certificó pedidos de importación a nombre de Guillermo Ascona, un vendedor ambulante de condición humilde utilizado como prestanombres por la banda narco para eludir los controles de la Sedronar. Esta red criminal no era menor, ya que Fuks, cliente habitual de la escribanía, mantenía más de mil contactos telefónicos con Ibar Pérez Corradi, el hombre señalado en su momento como el autor intelectual del sangriento triple crimen de General Rodríguez.
Las inconsistencias en las compras de Adorni
La lupa judicial sobre Nechevenko hoy se centra en cómo se estructuraron las adquisiciones inmobiliarias del vocero presidencial durante el año 2024 y 2025. Uno de los puntos que genera mayor sospecha es que el departamento de Caballito fue escriturado por un valor de mercado sensiblemente menor al real, lo que podría ocultar una maniobra de evasión o subfacturación. Para concretar dicha operación, Adorni declaró haber recibido préstamos no bancarios por un total de 200.000 dólares de parte de dos mujeres de 64 y 72 años, aunque investigaciones periodísticas constataron que las supuestas prestamistas aseguran no conocer al funcionario nacional.
Asimismo, la relación entre la escribana y el poder político parece ser estrecha, dado que los registros oficiales de la Casa Rosada indican que Nechevenko ingresó al palacio de gobierno al menos siete veces para entrevistarse directamente con el actual Jefe de Gabinete. Esta asiduidad en las visitas oficiales resulta poco frecuente para trámites notariales convencionales y refuerza las sospechas sobre un esquema de confianza técnica destinado a blindar operaciones patrimoniales que hoy están bajo la mirada de la justicia federal.
Un esquema que se repite
En el juicio de 2014, Nechevenko se mostró olvidadiza y alegó «no recordar» a ciertos clientes que terminaron siendo piezas clave en el engranaje del tráfico de precursores químicos. Hoy, su firma vuelve a aparecer en el centro de una investigación que involucra al segundo funcionario más importante del país, en un contexto donde el uso de testaferros y las declaraciones juradas incompletas parecen ser, nuevamente, el denominador común de la causa.
La justicia federal busca determinar ahora si la metodología utilizada por la escribana en el pasado para facilitar operaciones a bandas criminales guarda similitudes con los complejos movimientos financieros que permitieron a Adorni expandir su patrimonio en plena crisis económica y ajuste estatal. Mientras el país atraviesa una delicada situación social, el entorno del vocero presidencial queda cercado por un historial de vínculos con el narcotráfico y maniobras de ocultamiento que la justicia intenta desentrañar.