Bajo una consigna que resuena con fuerza en los barrios populares, organizaciones sociales, sindicatos y movimientos de izquierda coparon este martes las calles de Paraná. La movilización, que culminó frente a la Casa de Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Humano, denunció el impacto «criminal» del ajuste nacional y, específicamente, la eliminación del programa «Volver al Trabajo», una medida que dejó sin un ingreso importante a más de 20.000 trabajadores de la economía popular en Entre Ríos.
La jornada de lucha fue impulsada por la UTEP, la CCC, el Polo Obrero y el MST Teresa Vive, contando con el respaldo gremial de ATE y Sitradu. El reclamo central gira en torno a la quita de un ingreso de $78.000 que, según los referentes, no solo permitía la subsistencia de familias vulnerables, sino que era el motor de merenderos y cooperativas de trabajo que hoy se encuentran paralizadas.
El impacto económico en los barrios entrerrianos
La dirigencia de los movimientos sociales advirtió que el recorte tiene un efecto dominó sobre la economía de cercanía. Según Tamara Berales (UTEP), la eliminación de este programa implica que aproximadamente $1.500 millones de pesos dejen de circular mensualmente en los almacenes y ferias de los barrios de la provincia.
El deterioro social se hace visible en las calles de la capital provincial. Oscar Muntes, titular de ATE, alertó sobre una realidad cruda: la población en situación de calle se habría triplicado en el último año. «No pensamos volver a ver gente revolviendo los tachos de basura», sentenció el dirigente, vinculando este escenario con la pérdida de 6.416 puestos de trabajo en Entre Ríos entre 2023 y 2025, según datos del CEPA.
Emergencia alimentaria y productiva
Las organizaciones presentaron un petitorio formal a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, exigiendo medidas urgentes para contener el desborde social. Los puntos clave del reclamo incluyen:
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Restitución inmediata de los programas sociales y recursos para comedores comunitarios.
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Prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria ante el aumento de la demanda de viandas.
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Fomento a las unidades productivas: Denuncian que la apertura de importaciones destruyó la producción local de las cooperativas.
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Audiencia urgente con el gobernador Rogelio Frigerio para discutir una salida a la parálisis de la obra pública.
Un ajuste «criminal» frente a los pagos externos
Desde el MST Teresa Vive calificaron la política económica como «criminal», señalando que mientras se eliminan programas que representan apenas el 0,1% del PBI, se priorizan los compromisos de deuda con el FMI. La advertencia de los movimientos es clara: ante la ausencia del Estado en los barrios, crece el riesgo de que las estructuras delictivas ocupen el lugar de las redes de contención social.
Las organizaciones concluyeron la jornada advirtiendo que, de no obtener respuestas satisfactorias, profundizarán las medidas de fuerza en toda la provincia. «El camino es la calle», aseguraron, reflejando la tensión de un tejido social que consideran al borde del quiebre definitivo.