La investigación por el incendio de la rotisería «Costa Rica Fast Food», ocurrido el pasado 30 de diciembre en Victoria, ha dado un paso crucial hacia la determinación de responsabilidades estatales. La justicia busca esclarecer por qué el local seguía funcionando pese a registrar cuatro incendios previos y graves fallas de seguridad que terminaron con la vida de Natalí García (39) y Agustina Cabrera (20), quien cursaba un embarazo de cinco meses.
Funcionarios bajo la lupa judicial
El fiscal Eduardo Guaita dispuso que el próximo 20 de abril comparezcan a declarar cuatro funcionarios clave de la gestión de la intendenta Isa Castagnino. La citación busca determinar si existió negligencia u omisión en los controles de habilitación, seguridad e higiene.
Los funcionarios citados son:
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Pamela Padularrosa: Secretaria del área de Producción.
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Daniel Mansilla: Integrante del área de Producción.
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Juan Carlos Albornoz: Responsable del área de Seguridad e Higiene.
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Leandro Guzmán: Referente del área de Inspección.
Para el abogado querellante, Agustín Greco, estas testimoniales son fundamentales para probar que el municipio tenía la obligación legal de actuar de oficio y clausurar el local ante el riesgo inminente que representaba su funcionamiento.
Irregularidades críticas y antecedentes de fuego
La querella sostiene que la rotisería era una «trampa mortal» debido a la precariedad de sus instalaciones. Entre las pruebas acumuladas en el expediente se destacan la convivencia directa de elementos de cocina (hornallas y hornos) con garrafas en un mismo espacio reducido.
Además el local había sufrido al menos cuatro principios de incendio antes de la tragedia final, lo que para la querella demuestra una falta total de supervisión estatal. Se investiga si existieron relaciones de cercanía que habrían frenado inspecciones o denuncias previas sobre el estado del comercio.
Imputados y avance de la causa por Estrago Doloso
Actualmente, la causa penal mantiene imputaciones graves bajo la figura de estrago doloso. Los principales señalados son: Ramón Alberto Mansilla, dueño del establecimiento incendiado; Verónica Bernachea, Vinculada a la explotación del local y Yocelin Bernochea, encargada del comercio al momento del siniestro.
La estrategia de la querella apunta ahora a completar el mapa de responsabilidades, saltando del ámbito privado al estatal. «Hubo fallas en controles municipales previos al trágico siniestro», afirmó Greco, remarcando que el Estado municipal contaba con las ordenanzas necesarias para prevenir las muertes de García y Cabrera.